Fuego sobre un Centinela que nos ve arder


Ada Augello
enero 29, 2024
El incendio comenzó el jueves por la noche en la zona del Arroyo Centinela, a la altura de Bahía Rosales del Lago Futalafquen, dentro del Parque Nacional Los Alerces. Cuatro días después continúa avanzando sobre el bosque nativo andino-patagónico. El repudio crece ante la presunta intencionalidad del mismo y aviva el debate al respecto de la leyes ambientales que se disputan en el Congreso de la Nación en el marco de la Ley Ómnibus.
El fuego avanza de manera activa sobre el límite este de la jurisdicción del Parque Nacional. Según indica el último informe emitido por las mismas autoridades pertinentes a las 21.30hs del día domingo, el incendio tiene una dimensión de 1036 hectáreas, quemando bosque nativo. En el operativo de combate se despliega un Comando Unificado de Acción que se encuentra a la espera de nuevos brigadistas desde la región centro del país pertenecientes a Parques Nacionales. Asimismo, fueron solicitados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego otros 60 brigadistas para combatir el incendio que no sólo afecta parte de la jurisdicción de Parques sino también de la Provincia del Chubut.
Días antes del inicio del fuego y actualmente, se encuentra vigente una alerta de incendios forestales en la Patagonia; desde Tierra del Fuego hasta La Pampa. De acuerdo a los indicadores del Servicio Nacional de Manejo del Fuego las condiciones de peligro de incendio son extremas. Particularmente, en la zona cordillerana donde las temperaturas se mantienen altas, con máximas que han superado los 30°, la humedad relativa del ambiente se encuentra baja durante las tardes y hay eventos de viento intenso con ráfagas de 20 a 50 km por hora.
Al momento, la causa del incendio se presume intencional. Dos focos comenzaron a arder en una zona despoblada y lejana a los atractivos turísticos. Desde el colectivo ambientalista Mirá Socioambiental denuncian que “todo fuego es político” y que “sin leyes ambientales seguimos ardiendo”. Se suma a dichos pronunciamientos, la Multisectorial de Esquel argumentando que “el DNU y la Ley Ómnibus nos dejarán desprotegidos frente a las emergencias”, al tiempo que indican que “Parques Nacionales aún no tiene presidente ni responsables de sus áreas de dependencia. La falta de planificación estratégica, de visión integral y profunda, hace flaquear las áreas de fiscalización, prevención, áreas fundamentales para evitar escenarios catastróficos”.
Por su parte, el gobernador chubutense Ignacio Torres apuntó contra un sector del pueblo mapuche, declarando públicamente que “son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario y que hacen estas cosas” al referirse a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Torres agregó que “el problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras. Lo hacen en Neuquén, lo hacen en Río Negro, lo hacen en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”. De esta manera, la comunidad que habita en el Parque Nacional junto a otras comunidades mapuche difundieron un comunicado en repudio a los dichos. Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir indicaron que “los intereses del gobierno, los terratenientes, inmobiliarios e IIRSA son los culpables”.
a las discusiones político -legislativas actuales, la inestabilidad y condición laboral de los brigadistas que combaten el fuego, con una extensión de contratos por tres meses de duración, a monto fijo y sin paritarias. Mientras tanto, el ejecutivo nacional aceptó hacer algunas concesiones respecto a la discutida Ley de Bases más conocida como Ley Ómnibus. Además de quitar el capítulo fiscal, para lograr el aval de los “dialoguistas” en la Cámara de Diputados, se debate el de Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la eliminación de las reformas electorales y la excepción de YPF en el capítulo referido a las privatizaciones.
En materia ambiental resulta clave el capítulo tres del Proyecto de Ley Ómnibus, donde se proponen modificaciones a la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema y la Ley de Glaciares. Estas modificaciones van desde la ampliación de zonas autorizadas para el desmonte a la autorización de actividades productivas en zonas periféricas a las grandes masas de hielo de la Patagonia.
En este caso, afecta la modificación en la Ley de Bosques dado que elimina las exigencias de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley General del Ambiente que establece qué tipo de información deben proporcionar al Estado las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas sobre las actividades ambientales que desarrollen. También se elimina la obligación de las autoridades nacionales del área de presentar un informe anual al Congreso de la Nación sobre la situación ambiental del país. A su vez, la reforma impulsa también cambios en la jerarquización de áreas aptas para desmonte sin autorización previa. En la actualidad, la ley establece zonas con bajo, medio o alto valor de conservación. Es el famoso mapa de colores: verde (bajo), amarillo (medio) y rojo (alto, donde se prohíbe la deforestación). La Ley Ómnibus plantea que tanto en la zona amarilla como en la zona roja, se podría deforestar. Incluso reducen el presupuesto, es decir los recursos que hoy están disponibles por parte del Estado para el cuidado de los bosques. En la normativa actual se financia con un 0,3% del PBI y 2% de las retenciones. Si bien rara vez se cumplió con los primeros ítems del artículo 31 de la 26.331, la Ómnibus plantea discrecional para el Gob. Nacional en cuánto destinar.
En la Ley de Quemas se proponen modificaciones al artículo 3 de la Ley N°26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema que establece la prohibición “en el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente”. En el texto de la Ley Ómnibus se detalla que dicha autorización será otorgada “en forma específica en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud de la autorización” y en el caso de que transcurra el plazo sin que la autoridad competente se expida expresamente “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”.
La ley Ómnibus plantea, como mencionaba al comienzo, cambios en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº26.639, que regula la protección de los glaciares en Argentina. Hoy en día, en la zona periglaciar no se permite realizar actividades económicas, como la megaminería, pero efectivizada esta modificación se podría. A tener en cuenta, los glaciares andinos perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años, por lo que si sumamos el posible impacto sobre sus periferias podemos anticipar su desaparición.
Sumado a ésto, vale recordar que el Presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la derogación de la Ley del Manejo de Fuego, que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales -como se presume en el incendio Centinela- prohibiendo la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años con fin de evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios en las tierras.
Preocupante es la situación respecto a qué se discute socialmente mientras el bosque es consumido por el fuego. Incluso al considerar que el avance del incendio puede afectar a las poblaciones rurales más próximas, sumando a que no hay pronóstico suficiente de lluvias para los próximos días. Resta profundizar en la sensibilidad de un nuevo bosque que se pierde, y desde allí abrir al debate en una patagonia que pretenden colocar sin regulaciones en venta.
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