SE ABRE UN CAMINO PARA LA VERDAD EN EL CASO TINO JOHN.

Luego de casi tres años de insistir y luchar para que la causa no quede impune y se cierre sin más, como pretendía el fiscal a cargo hasta ahora, Carlos Diaz Mayer, el caso toma un giro, inesperado para algunos, muy esperado para la familia y toda la comunidad de la Comarca Andina que no olvida y sigue buscando justicia por el vecino de Las Golondrinas, asesinado por la policía en su propia casa en 2021.
El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, resolvió aceptar el pedido de las querellas representantes de los hijos de Tino John, su pareja Claudia Costa Basso, y la Apdh, de apartar al fiscal Diaz Mayer y designar un nuevo fiscal para realizar una investigación que, se espera, sea imparcial a la hora de buscar y analizar las responsabilidades por el homicidio de Tino John, a manos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Policía de Chubut, el 27 de Mayo de 2021.
A Alejandro “Tino” John, un agente del Geop le quitó la vida de un disparo en la cabeza, cuando irrumpieron en su propia vivienda, para realizar un allanamiento y “neutralizarlo”. Tino, quien sufría problemas de salud mental, y estaba bajo tratamiento y acompañamiento tanto familiar como médico, no fue considerado como una persona con un padecimiento, sino como un delincuente peligroso. A su pareja, Claudia, la maniataron y torturaron mientras presenciaba como un comando de fuerzas especiales, armado hasta los dientes, destrozaba su vida y le quitaba la suya a Tino por una crisis.

La familia denunció desde un primer momento, que las fuerzas de seguridad actuaron de manera violenta y sin respetar los protocolos para un caso de salud mental en que se debía hacer presente una ambulancia y personal médico para abordarlo, y no una horda policial con bombas de estruendo y gases que no hicieron más que preparar el escenario para un desenlace fatal. También daban cuenta de las irregularidades cometidas y la falta de imparcialidad de la fiscalia de El Hoyo a cargo de Carlos Diaz Mayer, que luego del asesinato debía investigarse a sí misma y en todos estos años no realizó avances significativos sino que, por el contrario, buscó sobreseer al único imputado y cerrar la causa.
Sin embargo, a raíz de la resolución del Procurador General, el viernes pasado, 15 de marzo, se llevó a cabo una nueva audiencia de apertura de investigación, en la que finalmente el nuevo fiscal designado, Martin Robertson aceptó la apertura de investigación donde se imputa por homicidio culposo a los responsables del operativo que se realizó aquel 27 de mayo en el domicilio de Tino, el entonces comisario a cargo de la Policía en la localidad de El Hoyo Omar Martínez, y Cristian Soto, Jefe del Grupo Especial GEOP. Estas dos personas se sumarían a Moggiano, (el único imputado hasta ahora, autor del disparo letal) como imputados en un futuro juicio unificado que se estableció que será por jurado popular o escabinado (mixto).
“En lo personal fue muy fuerte, porque nunca tuve un imputado presencial, cerca, porque a Moggiano siempre lo vi en pantalla, nunca vino, y escuchar el detalle del doctor Robinson, donde explicó una por una las posibilidades que tuvo Martínez para no hacer lo que hizo”
“En lo personal fue muy fuerte, porque nunca tuve un imputado presencial, cerca, porque a Moggiano siempre lo vi en pantalla, nunca vino, y escuchar el detalle del doctor Robinson, donde explicó una por una las posibilidades que tuvo Martínez para no hacer lo que hizo. Esa fue la daga, digamos. Por ejemplo, a la hora del allanamiento decía “requisar armas si las hubiese, tomar el nombre del propietario, llevar un equipo de salud mental”, porque Tino estaba descompensado por los incendios, y que el operativo podía llevarse a cabo dentro de las 48 horas, y más cosas. Pero qué hicieron Moggiano, Martínez y Soto? Entraron, me ataron, lo mataron a Tino y se fueron, y eso es lo que todavía me da vuelta en la cabeza.”, nos cuenta Claufia Costa Basso, pareja de Tino. “Esta gente no tuvo sumario, no fue imputada nunca, o sea, como si nada hubiera pasado. Entonces, poder imputarlos y decir que se los investigue por homicidio culposo es importante y nos costó mucho”, concluye
Presidió el tribunal la jueza de Lago Puelo Silvana Vélez, junto al nuevo fiscal Martín Robertson. Estuvieron presentes el abogado querellante por la Defensoría Pública, Marcos Ponce, junto a Donato John, hijo de Tino; el representante de Claudia Costa Basso, pareja de Tino, el abogado Alfredo Galimberti y Gómez Lozano de la APDH. También estuvo presente bajo la figura “amigos del tribunal” Noelia Ward, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y por la otra parte, la defensora oficial del Comisario Omar Martínez, Betina Feld, y Fabián Gabalachis como defensor del acusado Moggiano. Se preveía notificar de la correspondientes acusaciones a ambos comisarios, pero solo pudo concretarse sobre Omar Martínez, quien estuvo presente en la audiencia, ya que por problemas de conexión debió suspenderse la apertura de investigación contra Cristian Soto jefe del GEOP para quien se realizará la audiencia correspondiente de manera presencial en los próximos días.
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