¿A quién y qué se está incentivando con el RIGI?
El Bolsón se ha adherido recientemente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa que busca atraer inversiones privadas bajo el argumento de fomentar el desarrollo económico de la región. Sin embargo, la iniciativa genera diversas preocupaciones entre las comunidades originarias y algunos otros sectores de la sociedad. Compartimos la mirada de Romina Jones, desde la Lof Quemquemtreu.
Río Negro fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) luego de la sanción nacional de la Ley Bases donde se encuentra incluido. Su implementación, tanto en El Bolsón como en otras áreas de Río Negro, ha generado preocupaciones significativas entre las comunidades originarias, los movimientos sociales y ambientalistas.
Romina Jones, mujer mapuche integrante de la Lof Quemquemtreu en Cuesta del Ternero, parte de una reflexión que comparte con diferentes referentes y comunidades indígenas. Asegura que “hace tiempo que se viene una arremetida hacia la explotación de todo lo que llaman recursos, que están hoy de manera limpia y pura en los territorios, sobre todo en los territorios mapuche”.
Ella, junto a su familia y otros integrantes del pueblo mapuche reivindican desde el año 2021 un territorio que originalmente pertenecía a la familia Quintupuray. Lucinda Quintupuray, abuela de la familia, fue asesinada en 1993 después de rechazar varias ofertas de compra de sus tierras. De esa manera, la familia fue despojada de sus tierras.
Actualmente, la Lof atraviesa un conflicto territorial con el empresario forestal Rolando Rocco, en tierras que figuran como propiedad de la provincia de Río Negro. Rocco, sin ser propietario y contando con un permiso de explotación forestal, ha usufructuado más de 2.000 hectáreas de bosque nativo en la zona.
En el marco de la reivindicación, mientras se mantenía el territorio cercado por la policía rionegrina, el joven mapuche Elías Cayicol Garay fue asesinado por dos disparos efectuados por civiles relacionados con Rocco.
En este sentido, la comunidad indígena insiste en su solicitud de instancias de diálogo que permitan encontrar una solución sin violencia al histórico conflicto.
Cómo afecta el RIGI a la vida en los territorios
Las comunidades originarias temen que las grandes inversiones puedan llevar a la expropiación de tierras o a la falta de consulta previa, libre e informada sobre las exploraciones y explotaciones a desarrollar, vulnerando un derecho reconocido por la legislación argentina y convenios internacionales.
Romina Jones, con su voz calma, asume que la adhesión al RIGI “tiene que ver con una avanzada hacia la muerte de los territorios, porque directamente eso es lo que genera; la muerte de nuestra cultura, la muerte de la espiritualidad como mapuche, y la muerte de la sociedad en general”.
Desde el ejecutivo municipal, a través de un comunicado oficial, anunciaron que permitirá a El Bolsón avanzar en proyectos como la construcción de un aeropuerto propio, tras la finalidad de mejorar la conectividad aérea y reducir la dependencia con el departamento de Bariloche. Además, enfatizaron en que el RIGI ofrece incentivos fiscales y ventajas regulatorias para las empresas inversoras.
Santiago Bondel, geógrafo residente en la Comarca Andina, advierte que “siendo una Comarca súper vulnerable, en un estado de cierta emergencia ecológica en cuanto al tema contaminación de las aguas de las napas y en tema de residuos, sería un desastre ecológico si no un desastre total, porque no tiene -la Comarca- capacidad de sostenerse ambientalmente”.
Los cruces entre los pueblos originarios y quienes piensan o estudian el ambiente son muchos, en algunos casos difícil deslindar unos de otros.
Jones explica desde su mirada que “cuando los territorios se ensucian o se explotan, esos lugares y vertientes donde ya no hay agua pura, producen enfermedades graves para todas las personas”. Continúa y sentencia: “acá lo que se está incentivando es eso: la muerte en toda la sociedad”.
Por su parte, Bondel detalla que habitamos “dentro de una cuenca confinada con un montón de vulnerabilidades ambientales, justamente por estar en una única cuenca, donde todo va a parar a los mismos colectores subterráneos o no subterráneos, donde las montañas y los faldeos nos ponen en lugares críticos”.
Garantizar una consulta previa, libre e informada es fundamental para respetar los derechos de las comunidades originarias. A su vez, el proceso de consulta permite la transparencia y el acceso a la información, mediante el cual las comunidades pueden evaluar el impacto que los proyectos tendrían en sus territorios y modos de vida. Esto incluye estudios de impacto ambiental, planes de desarrollo y cualquier otro documento pertinente al caso.
Los proyectos de infraestructura y desarrollo, como la construcción de un aeropuerto, pueden tener impactos ambientales que afecten los territorios ancestrales y los bienes naturales de los que dependen estas comunidades, productores locales y la comunidad toda.
En ese sentido, Bondel argumenta que “si fueran inversiones para hacer un sistema de saneamiento, con importantes obras, incluso fluviales para que el agua de lluvia no se mezcle con los desechos cloacales, sería una buena inversión. Porque sería mantener una infraestructura. Pero pareciera que tienen un apuro extraordinario, cuando justamente lo territorial es donde más duele porque una vez que interviniste es difícil, si te equivocaste, repararlo. Intervenir el territorio es cicatrizar y a veces eso es bueno y otras veces no”.
Respecto al requerimiento de consultas, existe una preocupación sobre la falta de inclusión de las comunidades en los procesos de toma de decisiones relacionados con estos proyectos, lo cual puede llevar a decisiones que no reflejen sus intereses y necesidades.
Además, las decisiones tomadas por las comunidades deben ser legalmente respetadas. Si una comunidad decide rechazar un proyecto, esa decisión debe ser acatada por las autoridades y las empresas involucradas.
Jones, desde su lugar de mujer mapuche, considera que el Régimen está destinado “a empresarios y a gente totalmente oscura. Por ejemplo, al señor Rocco, con quien nosotros tenemos el conflicto. Son personas muy macabras”.
En el sector forestal, el RIGI busca promover inversiones significativas. Aunque no se detalla tanto como en el sector minero, apunta a que las inversiones en forestoindustria se beneficien de los mismos incentivos fiscales y facilidades para atraer capital.
En el minero, facilita la inversión en proyectos de gran escala, como minas de cobre y otros minerales. Esto incluye incentivos fiscales y la reducción de la carga impositiva, lo que puede hacer que las inversiones en minería sean las más atractivas. Sin embargo, hay críticas sobre cómo el RIGI podría otorgar privilegios a las mineras, especialmente en el uso del agua, y dificultar la implementación de leyes ambientales más estrictas.
“Los están incentivando a seguir con sus proyectos. Tiene que ver con solo unos pocos, sin pensar en el resto. Obviamente menos en la gente mapuche, porque hace tiempo que vienen generando esta campaña mediática que instala un enemigo interno como un peligro para la sociedad” denuncia Jones.
En localidades como El Bolsón y la Comarca Andina, la llegada de grandes inversiones y el aumento del turismo pueden alterar las dinámicas culturales y sociales de las comunidades originarias, poniendo en riesgo sus tradiciones y modos de vida.
Por ello, es crucial que se realicen consultas adecuadas y se respeten los derechos de las comunidades originarias para mitigar estos impactos.
Además, los grandes proyectos incentivados por el RIGI pueden tener acceso a recursos y beneficios fiscales que no están disponibles para los pequeños productores. Esto puede crear una competencia desigual, donde los pequeños negocios no pueden competir en igualdad de condiciones.
“Lo que nos queda es seguir luchando”, concluye Romina Jones, “seguir creando conciencias, conversando en nuestros ámbitos, con nuestros vecinos y con la gente para crear esa conciencia”.
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