El piberío en la mira ¿delinquen o reflejan una sociedad rota?

Desde hace algunas semanas, el Congreso es escenario de un intenso debate en torno al proyecto de ley presentado por el oficialismo para modificar el régimen penal juvenil. En los últimos años hubo otros proyectos que pretendían bajar la edad punible de 16 a 14 o 15 años, pero el ingresado a la Cámara de Diputados en junio pasado la baja a 13, e incluso prevé la privación de la libertad para menores de 13 años.
Los defensores de la medida sostienen que la actual legislación está desactualizada y no responde a la realidad del aumento de delitos cometidos por menores de 16 años. Sin embargo, en el texto del proyecto se encuentran datos un tanto abstractos, que no logran fundamentar la propuesta.
La iniciativa, “sólo se puede entender como una decisión política” reflexiona Silvina Karakasis, coordinadora provincial del área jurídica de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (SeNAF). El proyecto presentado por el ejecutivo nacional se respalda en que ‘resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien’.
Mientras los autores buscan presentarlo como una iniciativa de baja en la edad de imputabilidad, Karakasis realiza una primera distinción: es la ampliación de la punibilidad. “La punibilidad es la posibilidad del Estado para castigar a una persona, para aplicar penas” define Karakasis. “Es una decisión de política pública, aunque quieran que parezca científica, porque no hay datos ni estadísticas que digan que los menores de edad delinquen más, ni que el porcentaje de delitos graves haya aumentado”.
Desde la mirada de la abogada especializada en infancias y adolescencias, el interrogante que debería guiar el armado de nuevas políticas debería ser “cómo se afronta el conflicto con los adolescentes”. A contrapelo, el gobierno actual piensa en clave penal, y “ el sistema penal lo único que hace, porque no tiene otra función, es aplicar penas, es decir castigar, es decir aplicar dolor”, retrata Karakasis.
“Quiénes son los pibes y pibas aprehendidos, cuáles son los déficit del sistema de protección integral frente a estas situaciones y como en este gobierno ese sistema de protección de derechos se achica y se vacía, al tiempo que se decide como política agrandar el sistema penal. En una situación de pobreza multidimensional”.
¿Por qué nuevamente insistir en bajar la edad?
En una revisión histórica de los reiterados proyectos para bajar la edad punible, la abogada sintetiza que “cada vez que cambia el gobierno, en general, hay alguna embestida. Cada vez que cambian las cámaras y su conformación, también”. Por ejemplo, yo en mi cuadernito me anoté ‘embestida 2024’.
En retrospectiva, recuerda “proyectos de ley para bajar la edad desde hace muchos años, te diría que desde el 2000. Proyectos conozco desde esa época y cada tanto se reflotan, mejores o peores. En general son bastante malos todos porque son muy regresivos” afirma.
Karakasis reconoce, al igual que otros y otras profesionales del derecho, que “la ley que tenemos es mala, pero aun así es mejor que la que quieren sancionar. La actual es una ley de (Jorge Rafael) Videla que es muy deficiente pero que la fuimos nutriendo con otros acuerdos, otros principios, y otros tratados”.
El actual Régimen Penal de la Minoridad está establecido en la ley 22.278, que rige desde 1980, en tiempos de dictadura. En un primer momento bajó la edad de punibilidad de 16 años (como se había fijado anteriormente en el peronismo) a 14 años y se volvió a subir meses antes del retorno a la democracia.
El proyecto actual del gobierno nacional propone que el Código Penal se aplique a pibes y pibas de 13, 14, y 15 años, que hoy no son punibles. E incluso establece una pena máxima de 20 años de prisión para delitos graves.
A los ojos de Karakasis, este proyecto es “de lo más regresivo, viola un principio que establece que las nuevas normas deben ampliar derechos y no retroceder. Es el principio de no regresividad”.
Además, advierte que “el estado argentino va a ser denunciado en sede internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí puede ser sancionado, porque esta ley viola normas convencionales y tratados”. De hecho, el Comité sobre los Derechos del Niño, encomienda a los Estados parte que tienen una edad mínima de responsabilidad penal como el argentino, que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención.
Según los autores del proyecto de ley, la reducción en la edad punible permitiría una intervención más temprana del sistema judicial, lo que podría ‘prevenir la reincidencia y ofrecer una oportunidad para la rehabilitación de los jóvenes infractores’. Esto va a contrapelo de lo que dicen legislaciones superiores. “Tanto la Convención, como otras legislaciones, establecen que la privación de libertad debe ser el último recurso”, indica Karakasis.
Desde su lugar de trabajadora especializada en niñez y adolescencia, se pregunta qué función cumpliría el Estado, como garante de derechos. “No sé dónde quedamos nosotros, vamos a tener que mudarnos al juzgado. Con esta ley se desdibuja nuestro rol y el de las políticas que cuidan a los pibes y las pibas”.
En su articulado, el proyecto incorpora la mediación penal juvenil, que para su implementación requiere una estructura organizada con mediadores y un equipo interdisciplinario especializado. Esto significa la ampliación de personal calificado para componer aquellos equipos, y principalmente la adaptación de todo el sistema judicial para los delitos cometidos por las adolescencias e infancias.
De esta manera, el texto se corresponde con el principio de especialidad definido por la Convención sobre los derechos del niño. Sólo que lo hace a medias, en el artículo 39 Karakasis resalta una salvedad, el texto indica que ‘la ejecución de las sanciones deberán estar, en lo posible, a cargo de jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada’. Esas tres palabras: ‘en-lo-posible’, para la abogada significan que el ejecutivo “se ataja o se cubre de su obligación”.

Encerrarlos, para que nadie los vea
El proyecto “tiene problemas por todos lados” afirma Karakasis. En un contexto en el que se achican los alcances estatales, la pobreza crece y las cifras de infancias sin un plato de comida en sus mesas aumenta, pretenden destinar fondos a un sistema judicial y penal nuevo.
Con una mueca a sabor amargo, Karakasis dice que, “en realidad lo único que van a poder aplicar es la baja en la edad; es el encierro como respuesta a la comisión de un delito para pibes mayores de 13 y el encierro a menores cuando cumplan con determinadas características que tienen que ver con la selectividad del sistema penal”.
El proyecto de ley fue presentado con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del Presidente Javier Milei. En defensa del mismo señalan que algunos países ya han adoptado edades incluso más bajas a la propuesta, y han implementado sistemas de justicia juvenil que combinan la responsabilidad penal con programas de rehabilitación y reintegración social.

Para la abogada de la SeNAF, el tratamiento educativo y curativo que prevé el proyecto “es volver al patronato”. Amplía y dice: “Hablar de internaciones es una forma solapada de hablar de privación de la libertad. Son internaciones porque le ponen un componente curativo, pero en realidad la internación es dispuesta por el sistema penal que aplica penas y las penas son privativas de libertad”.
Ciertamente, en el proyecto de ley se establece el accionar del sistema penal para los menores de 13 años, a los que denomina como ‘inimputables’. Dice que en ‘base en los estudios previstos en el artículo 25 y en las características personales y el riesgo de que el imputado incurra en nuevos delitos, el juez podrá disponer la internación del adolescente en un instituto especial, separado de los detenidos’.
En ese sentido, existe una regla de las Naciones Unidas que define por privación de la libertad al hecho de que una persona no pueda salir por sus propios medios de donde se encuentra. Para Karakasis “la internación no es otra cosa que la privación de la libertad, se llame como se llame”.
El proyecto pretende “aplicar el sistema penal a las personas mayores de 13 años, que van a tener juicios, además de un debido proceso, pero las menores de 13 años, van a poder ser ‘internadas’ entre comillas, sin tener ningún juicio porque no van a ser punibles”, explica Karakasis.
De esa manera, advierte: “si bien formalmente no se les podría aplicar pena, no obstante es un engaño. Se les va a aplicar una pena sin haber comprobado, en un juicio, si cometieron el delito que se les imputa. Esto tiene que ver con la selectividad del sistema penal, es decir, con la figura del embudo por la que sólo pasan algunas personas y no todas, en general pasan los varones de las clases sociales más humildes o de pueblos originarios y con múltiples vulneraciones de derechos”.
En aquella violencia estructural que se recrudece con normativas como la propuesta actualmente, se pierden vidas y trayectorias.
“Lo que están haciendo es borrar subjetividades”
Las voces críticas al proyecto advierten sobre los riesgos de criminalizar a los adolescentes a una edad tan temprana. Argumentan que la baja en la edad podría llevar a una mayor estigmatización y exclusión social de los y las jóvenes, dificultando su reintegración en la sociedad.
“En lugar de insistir con la punibilidad, deberíamos invertir en otros programas que fortalezcan el Sistema de Protección de Derechos, que actualmente el gobierno está desfinanciando y vaciando. Se debería escuchar qué le pasa a esos pibes, mirar a esas familias, y a esas mamás en esos contextos”, reflexiona la abogada.
Karakasis afirma que al bajar la edad, “los meten ahí (a los pibes y pibas) y se olvidan. Lo que están haciendo es borrar sus subjetividades, quieren que no existan más, y los quieren dejar ahí donde no se vean”.
Al tiempo que mira sus apuntes, sentencia que “las cárceles están llenas de pobres, ahí entra todo lo interseccional, me arriesgo a decir que son en un 90% varones pobres, indígenas, de barrios populares, etc.”
Implementa una distinción no menor, ella dice que “hay mucha más cantidad de niñes y adolescentes víctimas que acusados de haber cometido delitos. Me parece que tampoco se piensa en una política pública destinada a prevenir y atender a esas infancias y adolescencias víctimas de delitos, pero sí se piensa en que el sistema penal llegue a edades más bajas”.

Criminalizar a la adolescencia
El código civil y comercial de la nación hace una división entre las personas menores de edad y dispone que a partir de los 13 se las considera adolescencias. Esto es entre los 13 y los 18 años. “Este proyecto viene a ubicar toda esta franja que define el código civil en el lugar de la criminalización” apunta Karakasis. “Hay una decisión política en torno al imaginario que hay en esta etapa de la vida, que es una etapa completa, al sólo proponer el sistema penal”.
Quienes se oponen a este tipo de reforma del régimen penal juvenil, al igual que Karakasis, destacan la importancia de abordar las causas subyacentes de aquello que se nombra como la delincuencia juvenil: la pobreza, la falta de acceso a la educación, la violencia familiar y la ausencia de perspectivas y horizontes. Según estas voces, sin un enfoque integral que aborde dichos factores, la baja de la edad no resuelve el problema de fondo. Al contrario, pareciera que el gobierno nacional propone el encierro para quienes precisan más cuidado, más protección y más derechos. En lugar de generar posibles futuros, cercan el presente.
En definitiva, la decisión final dependerá de un equilibrio entre la necesidad de vidas más vivibles, lo que pueden pensarse como reclamo de más justicia, y la protección de los derechos de las infancias y adolescencias, asuntos muy difíciles de pensar en disociado, como parecen presentarse desde los monopolios mediáticos y el gobierno de turno.
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