Desalojo en Loma del Medio: “La única ley que garantiza un mínimo de derechos a los barrios populares está siendo avasallada por un juez provincial”


Camila Vautier
diciembre 22, 2024
Al desfinanciamiento del Gobierno Nacional a las políticas de integración sociourbana, ahora se suma un nuevo factor que preocupa a los movimientos sociales: el desalojo. Por orden de un juez, una familia fue desalojada por la fuerza de su vivienda inscripta en el Registro Nacional de Barrios Populares pese a la ley nacional que la ampara. “No es la violencia la forma de resolver los conflictos”, dicen desde el MTE.
“Desalojo ilegal, violencia y una nueva familia en la calle: ese es el resultado de un operativo ordenado por el juez Ricardo Calcagno”, sentenciaron desde la Mesa de Barrios Populares de El Bolsón luego de que, el pasado domingo 15 de diciembre, una familia fuera desalojada por la fuerza de su vivienda en el barrio Buenavista del Azul, en la zona de Loma del Medio en El Bolsón.
Lo controversial del operativo, señalan, es que se produjo dentro de un barrio que se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Y, según establece la Ley 27.453 de Barrios Populares, están prohibidos los desalojos por lo menos hasta el año 2030 en los barrios anotados en este registro.
“Es un juez provincial pasando por arriba de una ley nacional, dejando a una familia en la calle sin reconocer su certificado de Renabap, diciendo que no tiene validez”, indica Analía Godoy, referente del MTE y de la Mesa de Barrios Populares de El Bolsón.
Hace referencia al Certificado de Vivienda Familiar, un documento expedido por la ANSES, que permite a los habitantes de Barrios Populares acreditar solicitar servicios básicos, como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte.
En El Bolsón hay 28 barrios populares registrados a través del certificado de vivienda familiar y más de 200 familias pudieron mejorar su casa con el programa Mi Pieza. Como también se frenaron tres desalojos en la localidad bajo esta normativa.
El desalojo a la familia en Loma del Medio no está aislado del contexto de vaciamiento del Estado Nacional. Desde el inicio de la gestión, el gobierno de Javier Milei desfinanció las políticas destinadas a mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares y paralizó los programas que garantizaban el acceso a los servicios básicos. “Entre sus primeras medidas, el gobierno de Javier Milei decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que provocó la paralización de más de 30.000 obras necesarias para proveer servicios básicos a unas 330.000 familias”, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En este sentido, para Analía, el desalojo se dio en un marco de “irregularidad total”. Primero, porque se produjo un domingo siendo que no había causas suficientes para realizarlo en un día tan poco habitual. Además, “se realizó sin la presencia de funcionarios judiciales a quienes poder hacerle las denuncias correspondientes por las irregularidades que estaban habiendo en el operativo”, indicó.
A esas irregularidades, la dirigenta sumó la violencia del operativo. “La policía entró violentamente a la casa, tiró gas lacrimógenos en presencia de los niños que fueron resguardados dentro de la casa, sin la presencia de la Senaf siendo que había menores en la situación. Se hizo sin una ambulancia, siendo que uno de los menores tenía una cardiopatía congénita. Cosas que el juez sabía porque eran parte del litigio”, aseguró.
Tras una semana del desalojo y a pocos días de la Navidad, la familia se encuentra viviendo en una habitación prestada hasta tanto pueda resolver la situación. En tanto, aguardan a que se cumpla el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Social local de hallar una solución habitacional.