Un nuevo femicidio en la comarca: no olvidar

Carolina Calfulaf pasó cuatro días en El Bolsón. Vino desde Chimpay, una localidad del valle medio rionegrino, a orillas del río que da nombre a la provincia. Llegó acompañada de su hermano, quien la trajo con el auto cargado de muebles, algunas frazadas, ropas y objetos con los que Carolina habrá decorado su nueva casa.
Una promesa de trabajo y vida nueva la esperaba en El Bolsón. Se mudó con Julio César Gutiérrez, un hombre años más grande que ella y oriundo de Santa Fé, con el que ya se conocía hace tiempo pero esta vez la había invitado a convivir con él. Le dijo que estaba trabajando en una empresa de energía y tal vez que todo andaría mejor que en Chimpay.
La casa era chiquita, y dentro no había muchos muebles. El barrio, no muy alejado del centro de la ciudad, se llama Los Álamos y en él residen familias trabajadoras, jubiladas y jubilados.
Una de las hermanas de Carolina, Patricia, contó a un medio de comunicación del valle que ella “decidió empezar una nueva vida, irse de Chimpay con él para estudiar chef”, y que “quería trabajar, tenía muchos planes”. Carolina tenía 25 años y esperaría abrir un nuevo universo ante sus pasos.
En esa misma comunicación, Patricia afirmó que supo que el femicida tenía antecedentes en su provincia natal, pero ningún registro formal de hechos violentos. También mencionó que habría abusado sexualmente de una joven en Choele Choel.
Patricia insistió, a lo largo de la entrevista, en la importancia de denunciar las violencias. “Tienen que haber registros, denuncias, para saber qué personas tenemos al lado. Tenemos que hablar y tenemos que denunciar”, argumentó con absoluta solidez en su tono de voz.
Además, se lamentó al decir que “a nosotros como hermanos nos duele inmensamente no haber tenido ni una sola prueba de que el tipo era malo, para no dejarla ir”.
Durante la audiencia de formulación de cargos para el femicida, Julio César Gutierrez, la fiscalía expuso cada detalle del hecho, sin reparar que los ojos de sus familiares observaban desde la primera fila.
Dentro del establecimiento judicial se encontraba el papá de Carolina y dos de sus hermanos, uno de ellos quien la trajo hasta el sur rionegrino. Los tres habrán suspirado profundo para sostener la entereza durante la reconstrucción del hecho.
A la Comisaría de El Bolsón entró una llamada a media mañana. Fue un vecino, que camino al trabajo vió una situación de violencia. En paralelo, llegó un pedido de ayuda desde Belisle, cerca de Chimpay, por parte de un hermano de Carolina.
En palabras de Betiana Cendón, la fiscal interviniente, “el imputado la agredió en la calle, frente al domicilio. Allí, la sujetó del cabello y la condujo por la fuerza, arrastrándola, hacia el interior de la vivienda”.
Cuando los efectivos policiales llegaron Carolina se encontraba sin vida. Gutierrez le arrebató toda su vitalidad con una saña horrorosa. A ojos de Patricia, “el tipo lo tenía todo planeado y cuando se dio la oportunidad la mató”.
¿Dónde van a parar los sueños de Carolina? ¿Qué sucede con esas historias interrumpidas? ¿Qué hacemos, pensamos, sentimos quienes seguimos con vida?
La escena frente a la casa que supo albergar a Carolina durante cuatro días muestra la impunidad de la violencia hacia las mujeres y disidencias. Según el relato policial, Gutierrez habría intentando mentir que ella se fue, con las manos, ropa y casa cubiertos de sangre.
Durante la audiencia de acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó diversas pruebas, entre ellas el acta de procedimiento policial, testimonios de testigos y familiares de la víctima, también registros audiovisuales y el informe preliminar de la autopsia, entre otros. La fiscal aseguró que “se llevó adelante todo muy rápido”.
La defensa del femicida no demostró desacuerdo con la decisión del juez, Juan Pablo Laurence. Gutierrez quedó detenido en prisión preventiva durante cuatro meses en el penal de Bariloche o donde el servicio penitenciario de la provincia lo disponga. Este mismo plazo será para la investigación pertinente.
Las políticas que promueven el odio
Los femicidios son la máxima expresión de la violencia sobre los cuerpos de mujeres y disidencias. Como problema estructural para la construcción de la vida digna, exige políticas públicas activas y comprometidas con su prevención y eliminación. Sin embargo, desde su llegada al poder, el gobierno nacional ha implementado recortes drásticos en los presupuestos destinados a programas de género.
En el mismo sentido, Río Negro también ha seguido una política de recortes en las áreas destinadas a la protección y garantía de derechos. La reducción de financiamiento para los centros de atención integral a las víctimas y la desarticulación de programas provinciales que se ocupaban de la formación y capacitación en derechos de las mujeres han contribuido al aumento de casos de violencia sin respuesta adecuada.
La eliminación de financiamiento para campañas de prevención de la violencia de género y la reducción significativa de fondos para refugios y servicios de apoyo a víctimas, que se repite también a nivel municipal, han dejado a muchas mujeres y disidencias en una situación de extrema vulnerabilidad.
Este desmantelamiento de las políticas de género ha generado un entorno en el que las iniciativas para combatir la violencia por razones de género, como lo es la implementación de una perspectiva crítica en los diferentes poderes del estado, están cada vez más debilitadas.
La memoria
Carolina tiene un hijo de 12 años que vive con su papá y es cercano a sus tíos, tías y abuelo. Patricia cuenta que el niño está muy mal, está triste. Al mismo tiempo recuerda a Carolina: “era una chica muy soñadora, positiva, le gustaba la naturaleza, siempre intentando salir adelante”.
Las ganas de crecer, en un contexto tan crítico económicamente, no son fáciles de sostener. Carolina habrá pensando que El Bolsón era un mejor destino, acompañada de un cariño, para echar a andar sus proyectos.
El día de su femicidio alertó a su familia. Cuenta su hermana Patricia que “esa noche él la había maltratado mucho”. Y que aquel jueves por la mañana, “ella se comunicó con mi hermana de Mendoza, que fue cuando llamamos a la policía”.
Eduardo Calfulaf, papá de Carolina, cuenta que “la veía muy bien a ella, que quería progresar y salir adelante”, y por ello estaba en calma. No sospechó, nunca pensó lo peor.
“Es lamentable, es triste, es cruel, es doloroso, y todos los sentimientos que nos desgarran el alma”, escribió en sus redes sociales una vecina de Chimpay, acompañando el texto con una foto suya, y otra del femicida.
Agregó entonces que: “hoy nada devuelve la vida de Carolina”, y que “no esperemos que se vuelva a repetir este semejante dolor en el corazón”.
Los recortes en el presupuesto nacional, que tiene su continuidad a nivel municipal, destinado a programas de género, junto con la reducción de iniciativas comunitarias para la sensibilización y la prevención de la violencia de género, han dejado a las mujeres y disidencias en una situación precaria. La falta de apoyo y recursos a nivel local agrava la crisis, privando a la comunidad de mecanismos efectivos para la protección y contención de las víctimas de violencia.
Estos recortes y el desfinanciamiento en los tres niveles de gobierno han creado un entorno de desprotección y han contribuido a un aumento en la impunidad de la violencia de género, como lo evidencia el feminicidio de Carolina Calfulaf. El arrebato a su vida es un reflejo doloroso de las consecuencias que estas políticas pueden tener en la vida de tantas mujeres y disidencias.
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