Criminalizar la solidaridad e identidad comunitaria


Ada Augello
febrero 24, 2025
La solidaridad y organización comunitaria de la Comarca Andina, como signos vitales en la lucha contra los incendios y por un buen vivir, han sido criminalizada. Durante el incendio en Mallín Ahogado, nueve voluntarios y voluntarias fueron perseguidas y uno de ellos continúa en prisión preventiva, bajo un sesgo discriminatorio que desnuda prejuicios en el sistema judicial. A pesar de la crueldad y persecución, la comunidad mantiene su compromiso con la justicia y la verdad, reforzando sus lazos y lucha por los derechos de sus habitantes.
La comarca andina se caracteriza por su solidaridad y organización comunitaria. Durante los días de mayor presencia del fuego en el Paraje de Mallín Ahogado se hicieron presentes muchas manos voluntarias para cocinar, para cuidar y enfriar la tierra. Organizadas en diferentes espacios comunitarios de la comarca muchas personas se acercaron como brigadistas voluntarias a la zona afectada. Al menos nueve de ellas fueron perseguidas y criminalizadas, una permanece en prisión preventiva.
La solidaridad y la organización comunitaria se han convertido en un pilar fundamental para enfrentar los devastadores incendios de interfase que han afectado la región en los últimos años. Desde el incendio de Cuesta del Ternero, pasando por Las Golondrinas y Epuyén, hasta el reciente incendio en Mallín Ahogado, la comunidad ha demostrado una capacidad extraordinaria de unión y resistencia.
El incendio de Cuesta del Ternero y Nahuel Pan, en El Bolsón, fue uno de los primeros en marcar la región. Al mismo lo siguió el incendio de interfase del Paraje Las Golondrinas, en cercanías a El Hoyo, afectando principalmente viviendas y áreas forestales. Años después, sucedieron el reciente fuego que devoró casi 2.000 hectáreas y más de 70 casa en Epuyén; y el incendio de interfase denominado Confluencia, en Mallín Ahogado, afectando al menos 221 hogares, según las cifras brindadas por la provincia de Río Negro. .
Los diferentes fuegos que atravesaron y atraviesan a la Comarca Andina avivaron el sentido comunitario de sus comunidades; desde el Manso hasta Epuyén la solidaridad y organización social se tejió de punta a punta, irradiando nuevos y fortalecidos sentidos de convivencia entre la naturaleza y un modo de vida cuidada en zonas de interfase.
Sin embargo, la reciente investigación sobre el incendio de Confluencia ha puesto de relieve una serie de controversias que han sacudido a la comunidad. Nueve personas fueron detenidas inicialmente, pero solo una de ellas, Nicolás Heredia, sigue privada de su libertad en prisión preventiva. La fiscalía argumenta que existe un peligro de fuga, basándose en que se encontraba circunstancialmente en la localidad y su domicilio radica en el valle neuquino.
¿Por qué la Fiscalía apunta contra brigadistas voluntarios e insiste en acusaciones y pedidos de prisión preventiva sin prácticamente pruebas?
Carolina Robledo Salas, una de las personas perseguidas y criminalizadas, explicó que son “un grupo de amigos que nos organizamos como toda la gente que se está movilizando por los incendios. Hacemos lo que podemos desde donde estamos y desde el compromiso que tenemos con el territorio: desde todas las prácticas que hacemos y la forma en la que vivimos”.
Asimismo, agregó que han “participado en asistencias en incendios anteriores y en este incendio de Mallín Ahogado nos organizamos y estuvimos ahí colaborando haciendo cortafuegos llevando viandas, lo que sea.”
Otra de las perseguidas, Romina Bergese, afirmó que quieren solidarizarse con “quienes no tuvieron la suerte que tuvimos nosotras que quedamos libres y están injustamente detenidos”. Refiere no sólo a Heredia, otro brigadista voluntario, sino a la persona que se mantiene en preventiva domiciliaria acusada de incendiar una estancia en Trevelín, Chubut.
En un comunicado emitido por las últimas seis personas perseguidas, califican de indigna la persecución “a partir del rumor judicializado en la vorágine de encontrar culpables”. Además de que la misma “atenta contra el compromiso comunitario y desalienta la participación trayendo miedo y desconfianza entre vecinos”.
Por su parte, Marcos Cicciarello, el abogado defensor de seis de las detenidas, ante las argumentación del Ministerio Público Fiscal que buscó formular cargos a las brigadistas voluntarias sostuvo que “la declaración de los testigos hubieron conjeturas pero nada que permita anclarlos objetivamente a la producción de un incendio”.
En ese sentido agregó que: “no se trata de la cantidad de testigos sino de que el contenido son conjeturas, suposiciones, creencias, y (la no formulación de cargos) nos permite no ocasionar una caza de brujas por redes sociales”.
La fiscalía, por su parte, contaba con un informe de bomberos que asegura que no se descarta que haya sido intencional el origen del incendio. Sin embargo, Cicciarello argumentó que “no hubo anclaje objetivo” y que es absurdo que quienes se dedican al cuidado del ambiente, en sus ratos libres, prendan fuego el bosque.
La escena se completa con un hecho no aislado: el crecimiento de las brigadas voluntarias y la puesta en disposición para la reconstrucción por parte de colectivos de bioconstructores.
Un trabajador golondrina
La situación de Nicolás Heredia, quien permanece detenido, ha generado un debate sobre la justicia y la discriminación. La fiscalía insiste en que hay peligro de fuga y se basa en la botella encontrada en el lugar de la detención. Sin embargo, ningún testigo puede acreditar que la botella pertenece a Heredia.
El objeto que proponen como evidencia es una botella con un líquido combustible encontrada en el lugar de la detención. Sin embargo, la defensa pública y varios testigos han señalado que esta evidencia es endeble y que la detención de Heredia podría estar motivada por prejuicios.
En medio de estas controversias, la comunidad andina sigue demostrando su resiliencia y solidaridad. Los incendios han dejado cicatrices profundas, pero también han fortalecido los lazos entre los habitantes de la región. La lucha por la justicia y la verdad continúa, y la comunidad sigue unida en su compromiso con el territorio, la reconstrucción de lo perdido tras el paso del fuego y la defensa de sus derechos intactos.
Los familiares de Nicolás Heredia han expresado su indignación y preocupación en varios medios de comunicación. Su mamá, Sandra Gramajo, ha sido una de las voces más activas en denunciar lo que considera una injusticia. En una entrevista, Gramajo afirmó que su hijo es inocente y que la detención se basa en prejuicios y pruebas poco sólidas. También mencionó las difíciles condiciones en las que se encuentra Heredia en la cárcel, describiendo cómo duerme en el suelo con una frazada y pasando frío.
Gramajo relató que la noticia de la detención de su hijo la tomó por sorpresa y que ha recibido apoyo de vecinos y conocidos para trasladarse a Bariloche y exigir justicia. Además, destacó que su hijo estaba colaborando como voluntario en un camping que también funciona como refugio de animales y que tenía planes de regresar a Senillosa el fin de semana.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ha expresado su preocupación por la discriminación y la identidad de trabajador golondrina de Nicolás Heredia. En un comunicado, la APDH señaló que la detención de Heredia está basada en prejuicios y estereotipos raciales, lo que constituye un claro caso de discriminación. La organización destacó que Heredia es un trabajador golondrina, es decir, una persona que se desplaza temporalmente para trabajar en diferentes regiones, y que su detención refleja una falta de comprensión y respeto hacia esta identidad laboral.
La APDH también subrayó que la evidencia presentada en contra de Heredia es insuficiente y que su detención preventiva se basa en conjeturas y no en pruebas concretas. La organización hizo un llamado a las autoridades judiciales para que revisen el caso con imparcialidad y respeten los derechos humanos de Heredia, garantizando un proceso justo y transparente.
En ese sentido, la mamá de Heredia también expresó su desconfianza en el sistema judicial y afirmó que no creerá en la justicia hasta que su hijo sea liberado. La movilización de familiares, amigos y vecinos en Bariloche ha sido una muestra de solidaridad y apoyo en su reclamo por la liberación de Heredia.