Ada Augello
Los movimientos feministas y de diversidades de la Argentina han sido de avanzada. Su hito más significativo fue la tan ansiada y colectivamente luchada, ley 27.610. La marea verde que la llevó al Congreso, primero en 2018 y luego en el 2020, también consiguió el reconocimiento de otros derechos y desigualdades desde los diferentes gobiernos. Hoy la época parece retraer todo aquello y colocar a dichos movimientos en la resistencia, sino pretender eliminarlos.
En la Comarca Andina los movimientos a nivel nacional también han tenido su eco. Desde el Ni Una Menos en 2015 e incluso antes, en el cruce entre las luchas territoriales por los derechos de las mujeres indígenas con quienes se reconocen como parte o se solidarizan con la causa entendiendo que es una misma. En ese sentido, las políticas en favor de la dignidad avanzaron en diversas localidades.
Un año después de aquel icónico Ni Una Menos, un grupo integrado por referentes de instituciones y organizaciones dieron inicio a un espacio que hoy continúa habitado: el Consejo Local de las Mujeres y Disidencias de El Bolsón. Ocho años después, y correspondiendo a lo que indica su reglamento, el lunes pasado fueron votados en Asamblea los nuevos cargos de la Comisión Ejecutiva, proyectando nuevas líneas de trabajo.
La Comisión Ejecutiva quedó conformada por: Liliana Pérez del CAJ para la Presidencia, Eimí Fernandez Lecce por Socorro Rosa para la Vicepresidencia, Érika Martinez por el Hospital de El Bolsón para la Secretaría y la continuidad de Ximena Bravo de la Senaf, en la Tesorería.
Se trata de una conquista de largo camino, una constante apuesta a la construcción de instancias y estrategias colectivas que promuevan y fortalezcan la revisión y elaboración de políticas públicas a favor de garantizar la vida digna y sin violencias hacia mujeres y disidencias.
Mientras la lista de políticas relacionadas con la erradicación, prevención y atención de las violencias por razones de género que fueron eliminadas o modificadas, por el gobierno de Javier Milei, hasta agosto de 2024 es cada vez más larga, estos espacios son de suma vitalidad.
Durante las elecciones del pasado 5 de agosto, al detallar los propósitos y funcionamiento del Consejo, tomaron relevancia las comisiones de trabajo y talleres destinados a las poblaciones más vulnerabilizadas, donde la interseccionalidad de las violencias es protagonista. El Consejo se propone revertir los mecanismos que dan lugar a dichas vulnerabilidades, acercando herramientas para la construcción de otras vidas posibles.
Luego de la presentación del balance presupuestario por parte de la comisión saliente, una compañera de Sedronar introdujo la perspectiva desde la que trabaja el Consejo. “Este espacio desprende de diferentes políticas contra la violencia por razones de género, y digo política sabiendo que la política nos suele dejar a las mujeres y las disidencias por fuera. En ese sentido, el Consejo en su dinámica crea estrategias nuevas, en equipo y a largo plazo. Convocando a la participación de los diferentes sectores de la sociedad” expuso Bárbara Burga, integrante del Consejo.
Al proponerse a la presidencia, Liliana Pérez enfatizó ante la amplia ronda de mujeres y disidencias del auditorio que “éste es un espacio de construcción colectiva, de lucha y también de resistencia. Mientras desde el gobierno nacional van contra todos nuestros derechos y los derechos humanos, nosotras les decimos que no. Decimos que sí a todos los derechos adquiridos”.
De esta manera, comenzó a circular la palabra en el Auditorio de la Casa del Bicentenario. Ornela Tarantino, integrante del CIC del barrio Primavera, colocó en agenda un debate que abre interrogantes respecto a la continuidad del avance en los derechos de los sectores más relegados. “Buscamos subsanar al colectivo LGBTIQ+ nombrándolo, incluyendolo” dijo.
En su modo de funcionamiento, el Consejo posibilita ampliar la perspectiva sobre la realidad y favorecer la injerencia estatal en la erradicación de desigualdades, violencias y exclusión que afectan a mujeres y disidencias en diferentes ámbitos de sus vidas.
Mirta Ñancunao, integrante de la lof Las Huaytekas y una de las referentes de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, comenta que con sus años de participación intermitente en el Consejo aprendió que para dar algunos debates es preciso “estar, debatir y discutir desde adentro”.
Al mismo tiempo, Ñancunao planteó que aún resta mucho que recorrer para la conquista de políticas públicas con la “incorporación de la perspectiva indígena”.
De la Asamblea fueron parte las instituciones y organizaciones ya mencionadas: el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), Socorro Rosa Comarca Andina, el Hospital de Área El Bolsón y la Senaf, junto a Sedronar, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, el MTE, UnTER, ATE y CTAA, el Equipo de Géneros del IFDC, el Concejo Deliberante, la Dirección de Género municipal y el CIC.
Además, se acercaron dos compañeras que han sido integrantes en los inicios de este camino, junto a compañeras del Sistema de Abordaje Territorial (SAT) en la provincia de Río Negro y Ni Una menos comarcal.
Impactos de la quita en políticas públicas en materia de género
Un reciente informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio detalles sobre los recortes y ajustes a los programas sociales y de cuidados destinados a mujeres y diversidades, niñas y niños. En seis meses, de un total de 47 políticas de cuidados, el Gobierno nacional desmanteló 24, otras 17 están en peligro y únicamente 7 se mantienen vigentes.
Entre ellas destacan: el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, luego de haber sido reducido a una subsecretaría; el congelamiento del presupuesto del Programa Acompañar; la eliminación y prohibición del lenguaje incluido en la administración pública; y los cambios en la Corte Suprema tras la renuncia de la jueza Elena Highton, dejando una Corte compuesta exclusivamente por varones.
El cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades ha reducido la visibilidad y representación de estos grupos en el gobierno, dificultando la implementación de políticas específicas para sus necesidades. Por ejemplo, la eliminación o congelamiento de programas de apoyo y la reducción de fondos han incrementado la vulnerabilidad de mujeres y personas LGTBI+ frente a la violencia y la discriminación.
En tanto, la prohibición del lenguaje inclusivo y los cambios en la Corte Suprema han sido percibidos como un retroceso en los derechos y la igualdad de género.
Estos cambios han generado preocupación y rechazo por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de un aumento en la violencia y la discriminación contra las mujeres y diversidades. La eliminación de políticas de cuidados afecta especialmente a las mujeres, quienes suelen ser las principales responsables de estas tareas, aumentando su carga ya existente.
En este sentido, las organizaciones feministas, de mujeres y disidencias, despliegan un rol crucial como actrices sociales. En contextos como el actual, se constituyen como espacios para la denuncia y la visibilización del desmantelamiento de las políticas para el sector y su impacto negativo en la sociedad toda.
Además, son espacios donde se proponen y ensayan otros modos de vidas posibles, en lo que se construye con la diferencias y se generan mecanismos de sociedad más dignos e igualitarios.
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