Ada Augello
En un movimiento estratégico, Río Negro traccionó a su favor para la instalación de una Planta de Gas Natural Licuado en Punta Colorada. La obra es considerada la inversión más grande en la historia del país, y promete transformar el panorama energético de Argentina. Pero, ¿de qué se trata, qué rol cumple el RIGI y cómo impacta en la región?
En principio, la planta de GNL de la petrolera YPF y la estatal malaya Petronas iba a instalarse en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Pero en un revés que parece ser más de la política que corresponderse con argumentos técnicos, la definición se inclinó hacia Punta Colorada, en la provincia de Río Negro.
El tema no escapa a la polémica, por un lado por el ataque del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, al de la provincia de Buenos Aires, en la conducción de Axel Kicillof, y por el otro por la ausencia de argumentos por parte de las empresas en su elección geográfica.
El mayor polo petroquímico del país se encuentra en Bahía Blanca, incluidas dos empresas que tienen a YPF como accionista y que usan el gas como insumo: Profertil, que elabora urea, fertilizante del trigo, y Compañía Mega, que recupera el etano, el propano, el butano y la gasolina natural.
Punta Colorada no cuenta con una gran infraestructura. Pero sí con ser el lugar elegido para el puerto futuro donde acabará el oleoducto Vaca Muerta Sur, que comienza exactamente en Vaca Muerta con destino de exportación vía marítima. Esta obra, que recibe oposición por posibles derrames que podrían llegar al Golfo San Matías y la Península Valdés, dos santuarios de ballenas, se licitará el mes próximo.
La diferencia en las rutas desde Vaca Muerta hasta un lugar u otro, en kilómetros, es menor a 500. Sin embargo, suficientes para inclinar la balanza.
Además, en aquella costa rionegrina, se embarcaba el mineral de hierro de Sierra Grande, que se explotó entre 1969 y 1991, hasta el cierre que dispuso el entonces presidente Carlos Menem. Y en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, capitales chinos la reabrieron, pero volvió a dejar de producir diez años después. Desde entonces el pueblo de Sierra Grande, de no más de 12.000 habitantes, y su puerto de Punta Colorada buscan reactivar su actividad.
Leandro García, legislador de Río Negro, reflexionó junto a La Tercera Puerta: “el gobierno provincial exagera gestualidades y alineamientos con el gobierno nacional. Entonces no solo le aprobó la ley Bases, no solo no quiso discutir el DNU/70, que está desorganizando la vida de los argentinos, sino que además fue a firmar el Pacto de Mayo, y ahora se muestra como el primer mejor alumno de este gobierno nacional, no solo para pegarle a Kicillof, que es el principal opositor, sino para adherir al RIGI”.
De igual modo, agrega que “valoramos y entendemos que puede ser positivo para Río Negro que la planta de GNL se haga en Punta Colorada, pero creemos que está mal asociarla al RIGI”.
Más de 10 años de negociaciones
La instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca fue oficializada y se firmó el 1° de septiembre de 2022, luego de años de negociación que datan del 2014.
Según el legislador provincial por el Bloque PJ-Nuevo Encuentro, el proyecto es uno “viejo, donde la empresa malaya Petronas venía a invertir en el marco de un acuerdo con YPF, en un buque de gas natural licuado, previo al RIGI”. Desde su mirada “no hacía falta el RIGI para que la empresa viera el interés para construir la planta en Río Negro”.
En retrospectiva, corresponde remontarse al 2012 con la estatización de YPF. Dos años después, en 2014, YPF y Petronas alcanzan luego de largas conversaciones la firma de un acuerdo para la explotación del gas en Vaca Muerta. Durante el gobierno de Mauricio Macri, ocurre la ratificación de aquella inversión.
Pasada la pandemia, en antesalas a la primavera del año 2022, es publicada la oficialización del proyecto que hoy ocupa la escena pública en materia energética. La alianza entre las petroleras, argentina y malaya, colocan la firma para procesar y exportar el gas extraído de Vaca Muerta, es decir, el proceso de licuefacción.
En junio del 2023, el entonces gobierno oficialista presentó una ley hecha a medida del acuerdo YPF-Petronas, que exigía un marco jurídico para la inversión de 50 mil millones de dólares. El objetivo era el mismo que el actual, la venta de GNL al mundo. Durante julio del mismo año, quien fuera Secretaria de Energía de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández, argumentó en diversas declaraciones los beneficios de la ley de GNL.
Así es como, en octubre de 2023 la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de Ley de GNL. Mientras tanto, en el puerto bonaerense de Bahía Blanca se reservaron parcelas y recursos para la planta de Gas Natural Licuado a instalar.
En enero siguiente, Petronas ratificó su interés por la inversión de GNL en nuestro país, pero aguardando a que la Ley sea sancionada en el Congreso.
Sin embargo y a contramarcha, casi cuatro meses después, en mayo, el presidente de YPF Horacio Marín, declaró que “sin RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) no hay GNL”. En paralelo, el tratamiento de la Ley Bases avanzó en despachos, cafés y departamentos. El 27 de junio, en el marco de protestas fuertemente reprimidas por balas de goma, gas pimienta y camiones hidrantes, fue aprobada. En uno de sus artículos fue reglamentado el RIGI.
Es decir que, a pesar de esta línea de negociaciones que se puede trazar en el tiempo, la conclusión de los tres actores fundamentales, YPF, Petronas y una consultora estadounidense contratada por las mismas, definió el traslado a Punta Colorada. Distrito bajo la órbita de Alberto Weretilneck, el primer gobernador en adherir al RIGI.
En la costa rionegrina se revitalizará un puerto en desuso con salida al océano Atlántico. Este proyecto no solo implica la construcción de la planta, sino también el procesamiento, transporte y licuefacción del gas proveniente de Vaca Muerta.
¿El instrumento indicado?
Desde la perspectiva de la soberanía nacional, la planta de GNL podría representar una oportunidad para que Argentina fortalezca su independencia energética. La capacidad de exportar GNL a nivel global posicionará al país como un jugador clave en el mercado energético internacional, no obstante ¿puede generar ingresos significativos, para por caso ser reinvertidos en el desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles?
García afirma que “el RIGI es negativo para el país y beneficioso para estas empresas”. Detalla que “lo importante que tiene tanto Argentina como Río Negro son sus recursos naturales, con mucho potencial y no solo de alimentos, como venimos siendo productores y exportadores hace tantos años”.
Al mismo tiempo, resalta una salvedad: “lo que genera es la primarización de nuestra economía. No genera trabajo para todo el país, entonces lo que necesitamos es generar valor agregado, vincularlo al complejo científico y tecnológico y demás”. “Lo que hace el RIGI es sacarle al Estado sus capacidades para generar eso. Es un régimen muy limitante respecto a las capacidades que va a tener el Estado para montar esa actividad y generar empleo y un entramado productivo”, sentencia.
En este sentido, sería fundamental que las políticas y acuerdos establecidos aseguren que los beneficios económicos y sociales de esta inversión se queden en el país y contribuyan al bienestar de la población argentina en general, atendiendo primeramente a las más cercanas territorialmente.
El legislador asume que “este régimen limita a los Estados tanto nacionales, como provinciales y municipales, para generar esquemas tributarios que compensen las externalidades negativas. Es decir, en general las actividades que tienen que ver con la explotación de recursos naturales tienen externalidades negativas, las ambientales son las más conocidas pero por ejemplo la infraestructura vial también, y generan economías para el desarrollo de otras actividades”.
“Entendemos que lo que debería definir el lugar donde se instala la planta de GNL son las condiciones económicas y geográficas más beneficiosas para la empresa. La desesperación del gobierno provincial, que sale a atacar al gobernador de Buenos Aires alineándose con todas las políticas de Javier Milei, es el peor camino. Más cuando Río Negro está sufriendo las consecuencias de las políticas de Milei”, expresa García.
Además agrega que “el alineamiento del gobierno provincial nos obliga a salir del acuerdo rionegrino” con el que fueron a elecciones durante las últimas elecciones del año pasado.
El planteo general, desde el bloque al que pertenece García, es que el RIGI no permite anexar el potencial energético que posee Río Negro, con el desarrollo inclusivo y sustentable de la provincia.
Desafíos ambientales
La revitalización del puerto en desuso y la infraestructura necesaria para el procesamiento y transporte del gas de Vaca Muerta, es decir la planta de GNL, pueden tener impactos significativos en los ecosistemas locales. Por ello, es fundamental que se implementen estrictas medidas de mitigación para minimizar estos efectos y garantizar que el desarrollo sea sostenible.
Además, la transición hacia el GNL, aunque más limpio que otros combustibles fósiles, sigue siendo una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es vital que el proyecto incluya planes para reducir su huella de carbono, como la inversión en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, como también la promoción de energías renovables complementarias.
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