Camila Vautier
Este lunes se realizó una nueva audiencia en la investigación por el femicidio de Otoño Uriarte. Después de casi veinte años y un sinfín de irregularidades marcadas por la desidia policial, judicial y política, el caso está a un paso de llegar a juicio. “Tenemos memoria y exigimos verdad”, dicen desde la Asamblea por Otoño.
Lo que debía ser este lunes la audiencia de control de pruebas para avanzar hacia la instancia de juicio por el femicidio de Otoño Uriarte, se dilató una vez más por un planteo de la defensa de dos de los acusados que fue rechazado con contundencia por la jueza de Garantías, Agustina Bagniole, quien le dio la derecha a la Fiscalía y a la querella.
“¿Qué sentido tiene castigar lo que hizo un chico hace 17 años?”, cuestionó durante la audiencia, como si fuera una pregunta inocente, el abogado Juan Pablo Piombo, defensor de José Iram Jafri y de Néstor Ricardo Cau, dos de los imputados por el femicidio de Otoño Uriarte. “¿Vamos a destinar recursos estatales a la realización de un juicio costoso para llegar a la nada misma?”, retrucó, carente de la perspectiva de género con la cual debe analizarse el caso.
Ya casi nadie espera justicia y menos en este caso, donde un derrotero de impericias policiales, políticas y judiciales empantanaron la investigación desde sus inicios. Como dicen desde la Asamblea por Otoño, “justicia sería que esté viva”. Sin embargo, la instancia de juicio puede ser fundamental como instancia reparadora para la víctima, su familia, sus amistades y seres queridos.
La jueza Bagniole finalmente rechazó el pedido de Piombo para sobreseer a Jafri y Cau por “extinción de la acción penal por insubsistencia”, es decir, por el paso del tiempo. Entre sus argumentos, la magistrada sostuvo que hay que “analizar los plazos de las investigaciones en cada caso concreto” y remarcó que “no hubo dilación indebida de las autoridades judiciales”, sino que la demora desde el pedido de control de acusación en agosto hasta la actualidad estuvo relacionada a los recursos de la defensa.
A la salida de la audiencia, la abogada querellante de la familia Gabriela Procopiw, aseguró: “La causa no se encuentra prescrita, desde agosto estamos en condiciones para avanzar en la audiencia de control y llegar al juicio”. Agregó que ahora, “quedamos a la espera de que se vuelva a fijar una audiencia de control, donde cada una de las partes aportará sus pruebas”.
Desde la querella adelantaron que solicitarán el juicio por jurados. “Entendemos que el sistema democrático debe primar, que el pueblo debe juzgar al pueblo”, expresó Procopiw.
Otoño Uriarte creció en El Bolsón y tenía 16 años cuando, el 23 de octubre de 2006, fue vista por última vez en la localidad de Fernández Oro, a donde se había ido a vivir con su familia. Su cuerpo apareció sin vida en abril de 2007 en un canal de riego de Cipolletti.
Desde el comienzo del caso, una compleja trama de complicidades políticas, judiciales y policiales con sospechas de vínculos con la trata de personas estancaron la investigación, arrojando más dudas que certezas. Actualmente hay cinco imputados: Néstos Cau, Germán Antilaf, José Jafri, Maximiliano Lagos y Federico Saaverda. Habían seis, pero en septiembre pasado Juan Calfiqueo fue sobreseído. Al estar acusado de encubrimiento y este ser un delito de pena menor, la jueza Bagniole entendió que había prescripto por el tiempo.
Ahora, a casi veinte años de su femicidio, el caso está a un paso de llegar a juicio y se abre una puerta para, al menos, conocer la verdad.
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